Y como España se convirtio en el Paraiso de los Okupas

Para muchos, ponerse en cuclillas es un último recurso desesperado. Para otros, es una elección de estilo de vida o una declaración política. Barcelona, zona cero del fenómeno, atrae a ocupantes ilegales de toda Europa.


Desde el estallido de la loca burbuja inmobiliaria de España en 2009, la ocupación ilegal de edificios deshabitados o terrenos no utilizados se ha convertido en un problema importante. Para 2019, tras un aumento del 58% de casos en cinco años, cerca de 100.000 propiedades estaban ocupadas por okupas (ocupantes ilegales), según estimaciones del Insititut Cerdá. El número no incluye las viviendas ocupadas por inquilinos que simplemente han dejado de pagar su alquiler, ya que esto no cuenta como ocupación.


Pero el problema de las okupaciones en España podría estar a punto de estallar a medida que más y más inquilinos que no pagan pierden sus casas y comienzan a okupar. Durante los últimos seis meses, los inquilinos de apartamentos propiedad de grandes propietarios privados o empresas públicas han estado protegidos contra el desalojo por una prohibición del gobierno, pero esa prohibición está programada para expirar a finales de Noviembre. O eso se supone.


Una vez que eso suceda, es probable que aumenten los desalojos. Como en muchos otros países, no está claro cuántos inquilinos no están pagando sus alquileres, ya que no existen fuentes confiables de datos. Como cabe esperar en este nuestro país. Pero los datos que existen sugieren que a finales de mayo alrededor del 17% de los inquilinos no pagaban el alquiler. Si esa cifra tiene una precisión de la mitad, significa que España pronto verá “un repunte alarmante de los desalojos”, como ha advertido el grupo de defensa Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Muchos de los desalojados pueden terminar en cuclillas en algún lugar. Usurpando propiedades que con tanto esfuerzo les ha costado ganar a muchos compatriotas.


España se ha convertido en un paraíso para los ocupantes ilegales por cinco razones principales:


1. Su enorme stock de propiedades desocupadas. España tiene una gran cantidad de casas vacías, en gran parte un legado de la última crisis inmobiliaria. En el último censo, de 2011, el gobierno registró un total de 3,4 millones de propiedades residenciales vacías, lo que equivale a casi un tercio de todas las viviendas vacías de Europa. Desde entonces, el número ha bajado pero nadie sabe cuánto. Cosas de la vida.


2. Oportunidades jugosas de hacer dinero para los delincuentes emprendedores. En los últimos años, las bandas criminales emprendedoras han comenzado a especializarse en localizar y entrar en apartamentos vacíos. Una vez que encuentran un lugar, cambian rápidamente las cerraduras y adaptan el apartamento al suministro de gas, agua y electricidad de los vecinos. Luego “venden” el piso a un ocupante ilegal, o grupo de ocupantes ilegales, por entre 1.000 y 2.000 euros.


3. La ley de propiedad española tiende a proteger a los ocupantes ilegales, es decir a los delincuentes, más que a los propietarios, particularmente si la propiedad que ha sido ocupada no es una residencia principal. Si un ocupante ilegal ocupa la residencia principal de una persona, puede ser acusado de allanamiento de morada, cuyo castigo suele ser una pena de prisión de entre seis meses y dos años. Sin embargo, gracias a un cambio de ley en 1995, si un ocupante ilegal usurpa una propiedad que no está siendo utilizada como residencia principal, incluyendo a veces segundas residencias, es probable que sea acusado de ocupación (okupación), por lo que generalmente el castigo es mucho más ligero, desde una multa de unos pocos cientos de euros hasta una pena de prisión de seis meses.


4. Proceso judicial lento. Si una propiedad que no es una residencia principal está ocupada ilegalmente, el propietario puede tomar uno de dos caminos. Puede acudir a los tribunales civiles para intentar recuperar la propiedad, lo que significa contratar a un abogado, pagar las tasas judiciales y, a menudo, esperar mucho tiempo. Como mínimo, el propietario puede estar seguro de que, al final, recuperará la propiedad.


La alternativa es tomar la vía penal, que es gratuita, se supone que debería serlo, y en ocasiones puede ser más rápida, pero el resultado depende en gran medida de la eficacia de los policías involucrados. La única posibilidad que tienen de desalojar a los ocupantes ilegales rápidamente es si pueden demostrar en poco tiempo que la propiedad acaba de ser ocupada. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente si no tienen acceso a la propiedad. La mayoría de las veces, la investigación no va a ninguna parte, dejando al dueño de la propiedad poca opción más que tomar la ruta civil. O como ya sabeis contratar a nuestro equipo para ayudarte a que todo sea "MUCHO MAS RAPIDO" :)


5. España no es un país para inquilinos. España ha sido durante décadas un país de propietarios de viviendas. Antes de la crisis, tenía una de las tasas de propiedad de vivienda más altas de Europa, de más del 80%. En el apogeo de la burbuja inmobiliaria, en 2003-05, se estaban construyendo alrededor de 700.000 viviendas al año, más de las que se estaban construyendo en Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido juntos. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria, en 2009, más de medio millón de hogares perdieron sus hogares. Muchas de las casas recién construidas nunca fueron ocupadas por sus Nuevos Propietarios quedando a merced de los "otros" propietarios, es decir, los Okupas.


Desde entonces, el mercado del alquiler ha adquirido un papel mucho más importante, pero las condiciones del mercado no son precisamente favorables para el consumidor. Muchos apartamentos apenas sirven para su propósito, pero de alguna manera tienen altos alquileres. En algunos lugares (Barcelona, Madrid, Málaga…) los alquileres se han disparado más del 50% desde 2013, mientras que los salarios no han ido a ninguna parte. No son solo los alquileres los que son prohibitivos; también lo son las tarifas iniciales y los depósitos que los inquilinos deben pagar.


Después de la crisis, muchos proyectos de vivienda social se vendieron a fondos internacionales pertenecientes a gigantes de Wall Street como Goldman Sachs y Blackstone. Como resultado, la vivienda social alquilada, que normalmente ofrece alquileres más baratos, ahora representa solo el 2% de todas las propiedades residenciales en España, frente al 3,5% en 2005. Eso se compara con el 30% en los Países Bajos, el 24% en Austria, el 21% en Dinamarca y el 17% en Reino Unido y Francia. Si si, una verdadera pena.


Irónicamente, el derecho de todos los ciudadanos españoles a una vivienda digna y adecuada está consagrado en el artículo 47 de la Constitución española de 1978. Sin embargo, en grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga y Palma de Mallorca, cada vez más residentes locales descubren que ese derecho ya no existe en la ciudad en la que nacieron. A menos que esta tendencia se invierta y mientras el sistema legal español continúa protegiendo a los ocupantes ilegales de una manera que casi ningún otro país lo hace, muchas más personas optarán por ocuparlas.


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